La diferencia de escala entre la cuenca neuquina y el desarrollo offshore en las Islas redefine el margen de negociación argentino en el histórico reclamo de soberanía frente a Reino Unido.
En el último tiempo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y la necesidad de los países de diversificar sus proveedores, la seguridad energética volvió a ocupar un lugar central en la disputa geopolítica global. La Argentina atraviesa, en paralelo, el punto más alto del desarrollo de Vaca Muerta: la formación neuquina es la segunda reserva no convencional de gas y la cuarta de petróleo más grande del mundo, una dimensión -y ubicación- que despierta el interés de las principales compañías de la industria energética internacional.
Esa combinación generó, para especialistas del sector, una nueva herramienta de presión para la Argentina en su histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. El terreno de prueba es Sea Lion, el proyecto petrolero offshore que la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration desarrollan frente al archipiélago. Ya son cuatro las empresas de servicios petroleros que confirmaron que no participarán del desarrollo.
Un proyecto que dejó de ser una promesa
Sea Lion cuenta con 300 millones de barriles de reservas certificadas, USD 1.000 millones de financiamiento ya obtenido y una valuación de mercado cercana a los 3.000 millones de dólares. El proyecto contempla más de 60 pozos submarinos en dos áreas, la Norte y la Central, con una inversión combinada proyectada de USD 3.900 millones hasta completar todas las fases. La primera etapa demandará USD 1.800 millones y apunta a una producción máxima de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios, con el primer barril previsto para marzo de 2028.
Se trata de cifras que, en el contexto de la industria petrolera global, ubican al proyecto en una escala acotada. Según el ingeniero Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético, Sea Lion equivale a cerca del 1% de Vaca Muerta. Esa desproporción es, para el experto, la clave que explica el cambio en la correlación de fuerzas entre ambos proyectos.
El argumento central de la ecuación
“Sea Lion necesita tecnología, financiamiento y grandes empresas internacionales de servicios petroleros para avanzar, y muchas de esas mismas compañías ya operan o buscan crecer en Vaca Muerta, donde el negocio disponible es 100 veces mayor”, dijo el analista. Esa asimetría, sostuvo Dreizzen, vuelve a las restricciones argentinas contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas una herramienta de presión con un peso que antes no tenía.
El segundo factor que identificó el especialista tiene que ver con el reacomodamiento geopolítico global. Estados Unidos y China compiten por influencia, recursos estratégicos y seguridad energética en un escenario mundial cada vez más fragmentado, y Washington reforzó su atención sobre el continente americano en busca de socios confiables que reduzcan su dependencia de proveedores rivales. En ese contexto, la Argentina cuenta con dos activos que antes no tenían el mismo valor combinado, su vínculo político con Estados Unidos y su creciente peso como productor de hidrocarburos gracias a Vaca Muerta. Esa combinación, según Dreizzen, es lo que le da a la Argentina una posición negociadora inédita frente a un reclamo diplomático que, desde 1833, no había mostrado avances sustanciales.
Cuatro señales que refuerzan el argumento
En los últimos días, cuatro empresas globales de servicios y equipamiento petrolero comunicaron que no participarán en proyectos vinculados a las islas. SLB, antes conocida como Schlumberger y con una capitalización de mercado superior a los USD 85.000 millones, fue la primera en confirmarlo el sábado. Horas más tarde se sumaron Baker Hughes, con una valuación que supera los USD 63.000 millones, y Halliburton, cuya capitalización orilla los USD 33.000 millones. Este lunes se agregó DLS Archer, filial local de la noruega Archer con 45 años de presencia en el país, que en un comunicado de prensa confirmó que “no tiene participación alguna en el Proyecto Sea Lion” y que “no participa en actividades de exploración, producción ni en ninguna otra actividad relacionada con hidrocarburos que se lleve a cabo en las Islas Malvinas o en sus áreas circundantes”.
Ninguna de las cuatro compañías tenía vinculación previa con Sea Lion. Sus comunicados llegaron después de que el presidente Javier Milei firmara el decreto 868/2026, que reglamenta la ley 26.659 y amplía su alcance a accionistas, directores y proveedores de las empresas sancionadas. El texto habilitó un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en las islas, y la notificación a otras 180 firmas.
El canciller Pablo Quirno destacó los anuncios en la red social X, en particular el de Baker Hughes, a la que describió como “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”. Todas las compañías que se bajaron del proyecto sostienen, en sus respectivos comunicados, un compromiso de cumplimiento con la legislación argentina vigente.
Además, en ese contexto el Gobierno anunció la apertura de un “proceso sancionatorio” contra 60 sujetos, tanto jurídicos como personas físicas, que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659. En simultáneo, la Cancillería denunció penalmente a otras cinco empresas, entre las que se encuentra Navitas, por la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización del gobierno argentino.
El límite de la estrategia
Que las restricciones argentinas funcionen como herramienta de presión depende, en última instancia, de que Sea Lion siga siendo un proyecto rentable para sus operadores y sus inversores. Si los costos y la volatilidad del mercado erosionan esa rentabilidad, el interés de Navitas y Rockhopper en sostener el desarrollo -y por lo tanto el margen de maniobra de la Argentina para presionar sobre él- también se debilita.
Perforar un pozo offshore como los que requiere Sea Lion cuesta entre USD 70 y USD 140 millones, frente a un rango de entre USD 10 y USD 20 millones en Vaca Muerta, una diferencia que llega a ser 14 veces mayor. El economista Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, explicó a Infobae que esa brecha, sumada a la volatilidad del precio internacional del crudo, puede volver no rentable la explotación en una zona alejada y en conflicto territorial. Previamente, el propio Dreizzen había estimado que “a USD 80 por barril, Vaca Muerta mantiene su atractivo para el capital”, aunque advirtió que si el precio se acerca a los USD 65, “ese valor roza el breakeven”.
La retirada de SLB, Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer no impide que Navitas continúe con su cronograma. La compañía y su socia Rockhopper informaron el viernes que las sanciones argentinas no modificarán los plazos previstos, y que el primer barril seguirá proyectado para marzo de 2028. De los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para poner en marcha la primera etapa del proyecto, solo uno tiene contraparte pública identificada, el que la vincula con la neerlandesa Bluewater Energy Services, proveedora del buque de producción que operará en el yacimiento.
La conclusión que propone Dreizzen se resume en una idea: los hechos económicos también pueden generar hechos políticos. La combinación entre el avance de Sea Lion, la magnitud de Vaca Muerta y el reacomodamiento geopolítico global en torno a la energía compone, para el especialista, un escenario inédito para un reclamo diplomático que atraviesa más de un siglo y medio sin resolución. Resta observar si esa ventana se traduce en resultados concretos o si permanece como una lectura de coyuntura frente a un proyecto que, más allá de la salida de sus principales proveedores potenciales, sigue en marcha.
